Hace algunos meses el inefable Donald Trump anunció la posibilidad de una acción militar contra Venezuela, más recientemente y en forma extraña, Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA también sostiene la posibilidad de una invasión militar sobre Venezuela, ambas declaraciones son impertinentes, si bien aún no existe forma de explicar por qué en el siglo XXI persisten costumbres ancestrales y tribales de los conflictos armados, hay normas internacionales que regulan estas acciones; la invasión a Venezuela violaría dichas normas.
Las razones jurídicas son que el uso de la fuerza está proscrito en el derecho internacional, nadie puede decidir acciones armadas sin motivo alguno, con tres excepciones; primera de la legítima defensa, un estado atacado por otro puede responder sin autorización alguna ya que corresponde a su soberanía; cuando Al Qaeda atacó en Estados Unidos y por estar los terroristas coludidos con el gobierno talibán de Afganistán, el agredido procedió militarmente; otra razón jurídica para justificar un ataque armado es la seguridad colectiva, si el mundo confirma que al interior de un estado la población civil es objeto de exterminios o genocidios como ocurrió en Ruanda, allí el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Misión de Asistencia ingresó al país donde en 8 meses habían sido asesinados un millón de seres humanos; también en caso de incumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia y declarando un Estado en rebeldía es posible una intervención armada.
Por razones políticas tampoco es conveniente una invasión, ya que Estados Unidos aparecería como un país abusivo que no respeta el derecho internacional y por el efecto rebote daría razones a Maduro para su discurso antiimperialista y haría que muchos venezolanos por patriotismo acabarían siendo aliados de su peor enemigo, el resultado sería sangriento.
Si bien Almagro ha conseguido devolver a la OEA liderazgo continental, existe el principio de no intervención, consagrado en la carta de la ONU desde 1945 y en la resolución 2625 de la Asamblea General del foro planetario, por la cual ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos y externos de cualquier otro, por otro lado al margen de las potencias militares, también se aplica la horizontalidad del derecho, por el cual todos los estados son iguales jurídicamente, ninguno puede otorgarse un poder superior sobre otro.
El gobierno de Maduro es antijurídico y antidemocrático, pero eso no justifica una intervención; el 27 de junio de 1986 la Corte Internacional de Justicia falló contra Estados Unidos por su apoyo a actividades de apoyo a los contras en Nicaragua, lo que constituyó una violación del derecho de No Intervención; en Venezuela deberán ser las propias Fuerzas Armadas y su pueblo, amparados en el derecho a la desobediencia civil amparada en los artículos constitucionales 333°y 350° quienes acaben con Maduro.
21-09-2018
