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La Junta de Portavoces del Congreso acordó este lunes priorizar en el Pleno del 19 y 20 de noviembre diversos dictámenes e informes finales, entre ellos el referido a la Denuncia Constitucional 351 contra la exministra Betssy Chávez. El debate y votación de este informe se realizará este miércoles.
El documento concluye que Chávez habría incurrido en infracción constitucional por su participación antes, durante y después del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Por ello, propone sancionarla con una inhabilitación de diez años para ejercer función pública, en concordancia con el artículo 100 de la Constitución Política.
La denuncia fue presentada por la congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular) y sostiene que la ex jefa del Gabinete del Gobierno de Pedro Castillo vulneró los artículos 38, 39 y 45 de la Carta Magna. El Pleno decidirá si respalda esta posición.
La sesión semipresencial está programada para las 15:00 horas y será conducida por el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro.
Fuente: La Gran Sala de Noticias/Andina
La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Poder Judicial que el expresidente Francisco Sagasti pague una reparación civil de 400 mil soles, en el marco de las investigaciones por el pase al retiro de casi una veintena de oficiales generales de la Policía Nacional del Perú en noviembre de 2020. El pedido incluye también a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, quienes asumirían el pago de manera solidaria si se determina responsabilidad.
El caso está vinculado a la decisión adoptada durante la gestión de Sagasti, cuando 18 altos mandos de la PNP entre ellos dos tenientes generales y 16 generales fueron pasados a retiro. Para la Procuraduría, esta medida habría ocasionado un “daño a la buena imagen del Estado”, motivo por el cual solicitó ser reconocida como actor civil dentro del proceso.
La PGE remarcó que el monto de reparación es provisional y podría variar conforme avance la investigación judicial. El Poder Judicial será el encargado de evaluar la solicitud y determinar si corresponde establecer responsabilidades penales o civiles por los hechos ocurridos durante la transición gubernamental de 2020.
Fuente : Diario Correo
El Consejo de Ministros aprobó la resolución suprema que solicita la extradición del exjuez supremo César Hinostroza desde Bélgica, donde permanece desde 2018. La medida busca que sea procesado en el Perú por el presunto delito de cohecho activo genérico, en el marco del caso Cuellos Blancos del Puerto, uno de los escándalos de corrupción más graves del sistema judicial peruano.
La decisión del Ejecutivo se adoptó tras el informe favorable de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, así como la aprobación previa de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que consideró que la solicitud cumple los requisitos del tratado vigente con Bélgica. Hinostroza es señalado como una figura central en las coordinaciones ilícitas expuestas a través de audios que revelaron su influencia en nombramientos y decisiones judiciales.
El proceso ahora depende de la evaluación que realice el Estado belga, que deberá decidir si accede o no a la entrega del exmagistrado, quien huyó del país en 2018 evadiendo una orden de impedimento de salida. Si Bélgica concede la extradición, Hinostroza retornará al Perú para enfrentar la justicia por los cargos que se le imputan en el marco de la presunta red de corrupción judicial. Fuente: La República
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará este lunes la apelación del excongresista Daniel Salaverry, sentenciado en marzo a ocho años de prisión por peculado doloso. La audiencia virtual, es dirigida por el juez supremo César San Martín, con participación de la Fiscalía Suprema y la Procuraduría Anticorrupción.
La defensa de Salaverry busca anular la resolución de la Sala Penal Especial, que lo declaró responsable de simular labores de representación congresal entre noviembre de 2017 y marzo de 2018. De acuerdo con la fiscalía, presentó informes y fotografías falsas para sustentar gastos que no realizó, apropiándose de fondos asignados por el Congreso.
La condena también contempla cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 360 días y el pago de S/119,577 como reparación civil al Estado. La Fiscalía y la Procuraduría solicitarán que se ratifique la sentencia.
Mientras se revisa su recurso, Salaverry continúa en libertad, sujeto a medidas como el control biométrico mensual y la obligación de no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial.
Fuente: Perú21
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