Leyes mamarracho

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El actual Congreso nacional está abocado a llevar adelante, amparados en su aún vigente mayoría, leyes que más parecen salidas de las vísceras de los parlamentarios, y en otras resultan evidentes, uno de esos casos es la ley 2133 que regulaba los gastos de la publicidad estatal del estado Peruano, coloquialmente llamada “Ley Mulder” por el nombre de quien la propusiera, o vulgarmente “Ley del mermeleo periodístico”, o “Ley Mordaza” por el ejecutivo.

La Ley fue promulgada por el Congreso, con insistencia, el 15 de junio del 2018, el Presidente Vizcarra no quiso promulgarla; el  21 de junio el ministro de Justicia, Salvador Heresi presentó ante el Tribunal Constitucional la demanda de inconstitucionalidad en cual señala que la ley contraviene la “Constitución Política del Perú de 1993 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”; también la bancada de Peruanos Por el Kambio presentó el 20 de junio una demanda en oposición suscrita por 33 congresistas integrantes de la bancada de Acción Popular, Frente Amplio, Alianza para el Progreso y no agrupados, la demanda fue admitida por el Tribunal Constitucional; el día 11 de octubre dicho Tribunal declaró la inconstitucional de la ley.

Si hacemos algo de memoria, siendo Presidente del Congreso, Luis Galarreta, algún periodista le hizo preguntas difíciles acerca de los gastos desmesurados en que incurría el Congreso, el referido Congresista se encolerizó de inmediato y amenazó acabar con la prensa mermelera aprobando la ley que unos días antes había presentado Mulder, y en efecto puso todo su empeño en dicho cometido hasta lograr su propósito nacido del hígado tanto de Mulder como de Galarreta, las razones fueron del todo forzadas, y más que nada obedecía a una represalia porque la prensa en general se mostraba crítica frente al Congreso, ni siquiera 4 meses se mantuvo vigente.

La prensa en general y los foros académicos denunciaron que se infringía la Constitución Peruana al vulnerar los derechos de la libertad de información y contratar con fines lícitos, además de diversas regulaciones estatales, una ley que nos colocaba entre los países no democráticos, afectaba a la ciudadanía, al estado y a las empresas periodísticas, especialmente las pequeñas de provincias y muy especialmente a las que no practicamos el chantaje como forma de existencia.

El Presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, manifestó que el pueblo tiene derecho a informarse a través de todos los medios, por ser un derecho fundamental para el funcionamiento de la democracia y el Estado constitucional, así concluyó la bravata congresal iniciada por Mauricio Mulder y secundada por la bancada fujimorista; no era más que un vulgar chantaje a los medios periodísticos que se mostraron críticos y fiscalizadores, no sabemos de qué manera quienes propiciaron, crearon, sustentaron y aprobaron esta Ley de nivel de mamarracho serán sancionados, y no es la única; a pocas horas de esta ejemplar sentencia del TC se aprobó otra ley con caracteres similares.