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Un megaoperativo realizado por la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la detención preliminar de 12 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Migraciones, además de efectivos policiales, investigados por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes y la manipulación de registros migratorios.
La intervención se realizó de manera simultánea en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque, como parte de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Según la Fiscalía, los investigados habrían facilitado la salida irregular de menores de edad sin las autorizaciones correspondientes y alterado información del Registro de Información Migratoria para simular movimientos de ciudadanos extranjeros. Estas presuntas actividades se habrían realizado principalmente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a cambio de pagos de entre 200 y 300 dólares.
Durante el operativo, las autoridades realizaron allanamientos e incautaron computadoras portátiles, teléfonos celulares y documentos presuntamente falsificados, que serán analizados como parte de las investigaciones. Los detenidos son investigados por los presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes agravado, falsedad genérica, atentado contra la integridad de datos informáticos y banda criminal. Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades individuales de los involucrados.
Fuente: RPP Noticias
El Poder Judicial condenó a cadena perpetua a Esteban Rojas Crispín, de 41 años, tras hallarlo culpable del feminicidio agravado de su hijastra, Lucía Retoblo Espinoza, de 18 años. El crimen ocurrió en mayo de 2025, en el distrito de Muquiyauyo, provincia de Jauja, región Junín.
La sentencia fue dictada el lunes 26 de octubre, luego de que el Ministerio Público presentará pruebas que demostraron la responsabilidad del acusado. Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió cuando el hombre intentó agredir sexualmente a la joven y, ante su resistencia, la atacó y posteriormente le provocó la muerte.
Durante el proceso judicial, las pruebas de ADN, los peritajes biológicos y otros elementos recogidos durante la investigación fueron fundamentales para sustentar la acusación. Asimismo, se consideró el testimonio del hijo de la víctima, quien presenció parte de los hechos cuando era pequeño.
Con esta decisión, el Poder Judicial impuso la máxima pena contemplada para este delito, en un caso que evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres en el país. El caso también pone en relevancia la necesidad de fortalecer la prevención de la violencia de género y garantizar la protección de las mujeres.
Fuente: Diario Correo
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) inició trabajos preventivos en el río Piura para reducir el riesgo de inundaciones ante las posibles crecidas asociadas al fenómeno El Niño y la próxima temporada de lluvias. La intervención se desarrolla desde el 20 de octubre en el sector Chato Chico, distrito de Cura Mori, en la región Piura, una zona expuesta a los efectos de las precipitaciones intensas.
Las labores comprenden la limpieza y descolmatación del cauce, además de la formación de bordos utilizando material extraído del propio río. Estas acciones buscan mejorar las condiciones del tramo intervenido y preparar el terreno frente a un eventual incremento del caudal, con el propósito de disminuir la exposición de las comunidades cercanas y proteger sus viviendas y medios de vida.
La ANA informó que supervisará el avance de los trabajos como parte de las medidas de prevención impulsadas por el sector Agricultura. Sin embargo, frente a los riesgos asociados a El Niño, estas intervenciones deberán complementarse con una planificación integral y una respuesta oportuna de las autoridades, especialmente en las localidades vulnerables a desbordes e inundaciones durante los próximos meses.
Fuente: La República
El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) continúa administrando 160 inmuebles pertenecientes a la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, pese a que el Poder Judicial ordenó su devolución. Las propiedades fueron incautadas en 2023 en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y posteriormente asignadas a entidades públicas, entre ellas la Policía Nacional, Migraciones y EsSalud.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Eiser Jiménez Coronel, dispuso el 12 de agosto la restitución de los bienes y reiteró la orden el 19 de octubre. La decisión se sustentó en deficiencias identificadas en el requerimiento fiscal que motivó la incautación. Sin embargo, mediante una comunicación oficial, el Pronabi señaló que no ejecutará la devolución mientras permanezcan pendientes los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público.
La controversia gira en torno a la interpretación de los efectos de esa apelación. Mientras el Pronabi sostiene que debe esperar una resolución judicial firme para proceder con la restitución, la información publicada por La República señala que la impugnación no suspende automáticamente la orden de devolución. El caso mantiene en incertidumbre la situación de los inmuebles y el uso que actualmente les dan diversas instituciones públicas, a la espera de que se resuelva la controversia judicial.
Fuente: La República
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