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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió que los colegios privados que obliguen a los padres de familia a comprar uniformes, útiles escolares o libros en establecimientos o marcas específicas podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a más de S/ 2.475.000 según el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La advertencia surge a pocas semanas del inicio del Año Escolar 2026, en un contexto en que los gastos educativos representan una carga significativa para las familias.

Indecopi ha identificado que esta práctica constituye una falta de idoneidad del servicio educativo, al limitar la libertad de elección de los padres y afectar el presupuesto familiar. Entre 2021 y 2025, se aplicaron 647 sanciones relacionadas con esta infracción, sumando más de 1.189 UIT en multas a nivel nacional y afectando a 226 colegios con penalizaciones por direccionar compras o por otras irregularidades vinculadas al servicio educativo.

La normativa también estipula que las instituciones educativas no pueden exigir la entrega completa de la lista de útiles el primer día de clases ni solicitar materiales que no estén directamente vinculados con el proceso de aprendizaje, como productos de limpieza o artículos exclusivamente para uso docente. Además, los padres tienen derecho a presentar reclamaciones ante el Indecopi si detectan prácticas irregulares que vulneren sus derechos como consumidores.

Fuente: La República

El Congreso de la República del Perú logró reunir las 78 firmas necesarias para solicitar formalmente una sesión plenaria extraordinaria en la que se debatirá la moción de censura y vacancia contra el presidente José Jerí por presunta incapacidad moral permanente, tras una gestión marcada por controversias y cuestionamientos públicos. La solicitud, impulsada por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), será presentada ante el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, quien tiene un plazo de 15 días para convocar a los legisladores al pleno extraordinario.

La recolección de firmas se llevó a cabo entre el 1 y el 10 de febrero con el apoyo de múltiples bancadas, entre ellas Podemos, Alianza para el Progreso, Honor y Democracia, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Avanza País, Juntos por el Perú, Acción Popular, Renovación Popular y congresistas no agrupados. La ausencia de respaldo de Fuerza Popular y el apoyo parcial de algunos miembros de APP y Podemos habían ralentizado inicialmente el proceso.

El debate en pleno se plantea en medio de intensas tensiones políticas y cuestionamientos a la presidencia de Jerí, incluyendo investigaciones por reuniones no oficiales con empresarios chinos y otras controversias de gestión. La convocatoria del pleno extraordinario representa un paso clave en el procedimiento legislativo para evaluar la continuidad de su mandato y podría definir el rumbo político del país en las semanas previas a un clima electoral ya agitado.

Fuente: La República

El Poder Judicial de Perú ordenó la inmediata excarcelación de Telmo Hurtado Hurtado, exjefe militar condenado a 23 años de prisión por el asesinato de 69 comuneros en la localidad ayacuchana de Accomarca, hechos ocurridos el 14 de agosto de 1985 en el contexto del conflicto armado interno. La decisión fue adoptada por el juez Wilson Verástegui al determinar que el condenado ha cumplido íntegramente su pena por asesinato y que no existían mandatos de detención o condenas vigentes por otros delitos que justifiquen su permanencia en prisión.

La resolución judicial responde a un análisis solicitado por la Subdirección de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que identificó una aparente incongruencia entre los mandatos de detención iniciales por delitos de secuestro y desaparición forzada y la sentencia final, que se centró exclusivamente en el delito de asesinato. Tras esa revisión, el magistrado determinó que los cargos sin sentencia firme no podían obstaculizar la libertad de Hurtado, cuyo cómputo de pena fue reformulado en 2025 para establecer que ésta vencía definitivamente el 6 de febrero de 2026.

La masacre de Accomarca, considerada una de las violaciones más graves a los derechos humanos en la guerra interna peruana, dejó entre sus víctimas a mujeres, ancianos y niños, y figura en los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La orden de excarcelación ha generado reacciones mixtas, con protestas de familiares de las víctimas que rechazan la decisión y llaman a mantener la memoria de los hechos, mientras que las autoridades judiciales señalan que la decisión se ajusta a la normativa tras el cumplimiento de la pena impuesta.

Fuente: La República

Un reciente estudio de la encuestadora Ipsos en Tacna revela un incremento significativo en la desaprobación del presidente regional Jorge “Jeri” –nombre completo no especificado–, pasando de 43 % en enero a 61 % en febrero. La encuesta, aplicada a ciudadanos de diferentes distritos de la región, muestra además un descenso en la aprobación, que cayó de 50 % a 34 % en el mismo periodo, evidenciando un giro marcado en la percepción pública hacia la gestión regional.

El sondeo identifica como principales factores del retroceso en la aprobación percepciones de falta de cumplimiento de compromisos de gobierno, problemas en la gestión de servicios públicos y una creciente preocupación por la situación económica local. Según los datos presentados, más de la mitad de los encuestados opina que la administración no ha respondido eficazmente a las necesidades de la población, mientras que una proporción similar considera que la situación regional podría empeorar si no se implementan cambios estratégicos.

El estudio de Ipsos fue realizado mediante entrevistas presenciales en diversos puntos de Tacna, con un margen de error estadístico no detallado en el informe difundido. Los resultados han generado reacciones tanto en sectores políticos como sociales de la región, que observan el cambio de tendencias como un indicio de posibles ajustes en la agenda gubernamental y mayor exigencia por parte de la ciudadanía.

Fuente: La Gran Sala de Noticias

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