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A cinco meses de la promulgación de la Ley 32581, los maestros cesantes y jubilados todavía no reciben la pensión equivalente a la primera escala magisterial. La norma establece que sus ingresos deben alcanzar los S/3.500,70, monto correspondiente actualmente a la Remuneración Íntegra Mensual de dicha escala, pero su aplicación continúa pendiente.
El principal obstáculo es la falta de reglamentación. La ley, publicada el 15 de abril, otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de 90 días para aprobar las disposiciones necesarias para su implementación. Mientras tanto, el SUTEP sostiene que muchos docentes jubilados reciben pensiones de entre S/400 y S/1.200, mientras que algunos afiliados a las AFP perciben incluso montos menores.
La aplicación de la norma también enfrenta cuestionamientos del Ministerio de Economía y Finanzas, que advierte sobre su impacto en las cuentas públicas y considera que podría vulnerar la Constitución por iniciativa de gasto. Además, el Colegio de Economistas de Lima presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Mientras se resuelve esta controversia, el Ministerio de Educación ha señalado que la ley debe cumplirse, aunque reconoce que el pago inmediato del monto completo no sería financieramente viable.
Fuente: La República
El general Óscar Arriola renunció a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y anunció que solicitará su pase al retiro. La decisión fue comunicada el domingo 6 de septiembre desde Palacio de Gobierno, en medio de los cuestionamientos a su gestión por el incremento de la inseguridad y los recientes hechos de violencia registrados en el país.
Arriola señaló que su decisión responde a razones de institucionalidad y gobernabilidad. Durante su pronunciamiento, agradeció la confianza recibida y aseguró que deja el cargo con la conciencia limpia y la frente en alto. Su salida se produce luego de una etapa marcada por críticas a la respuesta de la Policía frente al avance de la criminalidad.
El Gobierno anunció que el teniente general Fredy López Mendoza, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General de la PNP, será el nuevo comandante general. El Ejecutivo indicó que el relevo respetará la prelación institucional y permitirá una transferencia ordenada del mando en la Policía Nacional.
Fuente: La República
El suboficial PNP Diego Manuel Vela Rodríguez, de 21 años, murió tras recibir múltiples impactos de bala en Trujillo. El agente, quien pertenecía a la Unidad de Emergencia, fue encontrado gravemente herido durante la mañana del domingo en la cuadra 14 de la calle Francisco de Zela, cerca del denominado Mercado de Papas, y trasladado al Hospital Belén, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
El caso tomó mayor relevancia porque el empresario Luis Miguel Llanos aseguró que el efectivo habría intentado comunicarse con él antes de su muerte para entregarle información sobre presuntos actos de corrupción dentro de la Policía. Llanos señaló que Vela Rodríguez habría buscado denunciar a otros agentes, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Por ello, se plantea revisar sus comunicaciones y geolocalizar su teléfono para reconstruir sus últimos movimientos.
El asesinato ocurrió en la misma jornada en que se produjo el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes. La Policía también intervino a un sospechoso que habría intentado escapar en una camioneta blanca. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que ambos hechos estén relacionados, por lo que las investigaciones deberán determinar tanto el móvil del crimen como la eventual participación de los involucrados.
Fuente: La República
La presidenta Keiko Fujimori volvió a solicitar al Congreso que acelere la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo para enfrentar la criminalidad organizada. Durante una visita a San Martín, la mandataria sostuvo que estas herramientas son necesarias para adoptar nuevas medidas de seguridad y advirtió que, sin ellas, será más difícil fortalecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia.
Entre las medidas planteadas se encuentra la posibilidad de calificar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles o grupos terroristas. Fujimori también planteó fortalecer la capacidad operativa del servicio de inteligencia, establecer un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y otorgar a estas instituciones una mayor participación en el control de los establecimientos penitenciarios.
El pedido del Ejecutivo contempla además mecanismos para acelerar la expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular. La solicitud genera debate en el Congreso, especialmente porque sectores de oposición cuestionan que el paquete de facultades no incluya la derogación de algunas normas denominadas “leyes procrimen”, que según sus críticos han dificultado las investigaciones contra organizaciones delictivas.
Fuente: La República
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