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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó a la ciudadanía los montos de las multas que se aplicarán durante la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio a quienes no acudan a votar o incumplan su labor como miembros de mesa. Las sanciones económicas están calculadas en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 2026, fijada en S/ 5,500.

De acuerdo con el organismo electoral, los ciudadanos que no sufraguen en distritos considerados de pobreza extrema deberán pagar una multa de S/ 27.50, mientras que en zonas de pobreza no extrema la penalidad asciende a S/ 55.00. En los distritos catalogados como “no pobres”, la sanción económica será de S/ 110.00.

Asimismo, el JNE informó que los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa que no cumplan con dicha función serán sancionados con una multa equivalente al 5% de la UIT, es decir S/ 275. La segunda vuelta presidencial se realizará luego de que ningún candidato superara el 50% de votos válidos en los comicios generales del pasado 12 de abril.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias

La última encuesta nacional de CPI reveló que el 13,4% de peruanos aún permanece indeciso de cara a la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, mientras que un 22,6% manifestó su intención de votar en blanco o viciar su voto. El estudio evidencia un escenario electoral todavía incierto a pocos días de las elecciones programadas para el 7 de junio.

Según el sondeo, Keiko Fujimori mantiene una ligera ventaja en intención de voto frente a Roberto Sánchez; sin embargo, el amplio porcentaje de ciudadanos indecisos y el elevado nivel de voto blanco o nulo podrían resultar determinantes en el desenlace electoral. Analistas consideran que ambos candidatos enfrentan un importante nivel de rechazo ciudadano, situación que influye directamente en el comportamiento del electorado.

La encuesta también refleja una fuerte polarización política y diferencias marcadas entre regiones del país. Fujimori concentra mayor respaldo en Lima y parte del norte peruano, mientras que Sánchez mantiene mayor apoyo en sectores rurales y regiones del sur y centro del país. El voto de los sectores populares y rurales aparece nuevamente como uno de los factores clave para definir la contienda presidencial.

Especialistas señalaron que el crecimiento del voto indeciso y del voto blanco o viciado refleja el descontento y la desconfianza de un sector importante de la población hacia la clase política. En ese contexto, la campaña electoral ingresa a su etapa final con ambos candidatos intentando captar a los electores que aún no definen su posición de cara al balotaje presidencial.

Fuente: Infobae

El exministro de Economía y representante del plan económico de Fuerza Popular, Luis Carranza, planteó restringir las iniciativas de gasto promovidas por el Congreso y acudir al Tribunal Constitucional (TC) para precisar el alcance de las facultades legislativas en materia presupuestal. La propuesta surge en medio de las advertencias del Consejo Fiscal sobre el deterioro de las finanzas públicas y el riesgo de perder el grado de inversión en el país.

Carranza recordó que, en 2022, el Tribunal Constitucional interpretó el artículo 79 de la Constitución permitiendo que el Parlamento apruebe leyes con impacto fiscal. Según indicó, estas disposiciones generaron hasta el 2025 un costo fiscal anualizado de S/11.400 millones debido a medidas permanentes como incrementos de pensiones para maestros jubilados, beneficios para trabajadores CAS y pagos de CTS y gratificaciones.

El exministro sostuvo que el problema no radica en aumentar el gasto público, sino en mejorar la eficiencia de las inversiones y garantizar que los recursos lleguen a las poblaciones vulnerables. Asimismo, cuestionó propuestas de incremento de la remuneración mínima a S/1.500 al considerar que podrían afectar a las pequeñas empresas y fomentar la informalidad laboral. También defendió la autonomía del Banco Central de Reserva y pidió mantener criterios técnicos en el manejo de la política monetaria.

Fuente: Correo

El Gobierno peruano aprobó un subsidio económico temporal dirigido a transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada, como parte de un paquete de medidas orientadas a fortalecer la estabilidad económica y enfrentar el alza de los combustibles. La disposición fue adoptada durante la sesión del Consejo de Ministros encabezada por el presidente José María Balcázar.

La medida contempla la entrega de un subsidio equivalente a S/ 4 por galón de diésel B5 y B20 durante un periodo de dos meses. Para ello, el Ejecutivo destinará S/ 33,8 millones y el beneficio alcanzará únicamente a transportistas formales que cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes, además de cumplir con requisitos tributarios y sustentar la compra de combustible mediante comprobantes electrónicos.

Asimismo, el Ejecutivo aprobó créditos suplementarios y otras acciones destinadas a impulsar obras públicas, atender emergencias ocasionadas por lluvias intensas y reforzar la seguridad en la frontera con Ecuador. Las autoridades señalaron que estas medidas buscan reducir el impacto económico sobre la población y garantizar la continuidad de los servicios de transporte a nivel nacional.

Fuente: La Gran Sala de Noticias

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