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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó iniciar un procedimiento disciplinario contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por la presunta comisión de una falta grave durante las Elecciones Generales 2026. La decisión fue adoptada por unanimidad tras concluir la investigación preliminar abierta en su contra.
El proceso se sustenta en las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril, que incluyeron retrasos y fallas logísticas en la instalación de mesas y distribución de material electoral. La JNJ consideró que existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento disciplinario y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
La medida se produce luego de la renuncia de Corvetto a la jefatura de la ONPE en medio de cuestionamientos por su gestión. Pese a su salida del cargo, el organismo constitucional mantiene las investigaciones en curso, las cuales podrían derivar en sanciones conforme al debido proceso establecido.
Fuente: La Gran Sala de Noticias
Diversas agrupaciones políticas, entre ellas Juntos por el Perú, solicitaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respetar el cronograma establecido para las Elecciones Generales 2026 y culminar el proceso de proclamación de resultados de la primera vuelta.
A través de un pronunciamiento conjunto, los partidos rechazaron lo que calificaron como “maniobras desestabilizadoras y antidemocráticas” impulsadas por sectores políticos que buscan desconocer los resultados electorales.
Asimismo, demandaron al JNE no modificar las fechas previstas dentro del calendario electoral y garantizar el cumplimiento del proceso democrático conforme a ley.
Fuente: La Gran Sala de Noticias
Diversos gremios empresariales solicitaron una auditoría internacional a los sistemas informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales antes de la proclamación de resultados de la primera vuelta electoral, tras denunciar presuntas irregularidades detectadas durante la jornada de votación. El pedido fue difundido mediante un pronunciamiento público en el que expresan preocupación por el desarrollo del proceso electoral.
Según el documento, los representantes empresariales consideran necesaria una revisión técnica independiente que permita esclarecer si las anomalías observadas corresponden a problemas operativos o a una eventual manipulación deliberada del sistema utilizado por la ONPE. Asimismo, plantearon que la auditoría sea realizada por una empresa extranjera para garantizar imparcialidad y transparencia en las investigaciones.
Los gremios también solicitaron la separación temporal de funcionarios vinculados a la anterior gestión de la ONPE mientras se desarrollen las indagaciones correspondientes. El pronunciamiento se produce en medio de cuestionamientos y debates públicos sobre el proceso electoral 2026, en un contexto marcado por observaciones logísticas y pedidos de mayor fiscalización institucional.
Fuente: Sin Fronteras
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, remitió al Poder Ejecutivo la autógrafa de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, iniciativa que ha generado polémica debido a una disposición incorporada en el texto final. La norma establece que las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos no podrán integrar órganos directivos de colegios profesionales, medida que diversos sectores consideran dirigida contra la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza.
La disposición fue incluida dentro de las normas complementarias del proyecto aprobado por el Parlamento y también lleva la firma del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón. Tras conocerse el contenido de la autógrafa, especialistas en derecho advirtieron que la medida podría enfrentar cuestionamientos constitucionales, debido a que no sería aplicable de manera retroactiva ni podría afectar cargos obtenidos previamente mediante elección.
La controversia surge en medio de la tensión política y judicial que rodea a Delia Espinoza, quien en las últimas semanas afrontó denuncias impulsadas desde el Congreso relacionadas con su gestión como exfiscal de la Nación. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó recientemente el archivo de una denuncia constitucional en su contra, al considerar que no existen elementos suficientes para continuar con el proceso.
Fuente: La República
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