El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) enfrenta un nuevo revés judicial. El Poder Judicial le impuso un nuevo impedimento de salida del país luego de que intentara viajar a Estados Unidos, pese a que la Fiscalía ya había solicitado una restricción en ese sentido debido a las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

La defensa de Kuczynski presentó una demanda de hábeas corpus contra la Dirección de Migraciones, alegando que se le impidió salir del país sin una orden judicial firme. El recurso fue admitido por el Poder Judicial, que ahora deberá determinar si hubo una vulneración a su derecho constitucional al libre tránsito.

Este caso vuelve a colocar a PPK en el centro de la polémica y reaviva el debate sobre la eficacia y equidad del sistema judicial en los procesos contra altos exfuncionarios acusados de corrupción.

El nuevo impedimento de salida del país contra Pedro Pablo Kuczynski no es solo una medida legal: es un síntoma. Un síntoma de cómo las élites políticas en el Perú siguen creyendo que están por encima del sistema judicial, y de cómo las instituciones todavía operan con reflejos débiles cuando se trata de los poderosos.

PPK intentó volar a Estados Unidos mientras estaba bajo investigación por corrupción. La Fiscalía ya había pedido que no se le permitiera salir del país, pero no se había emitido aún una orden firme. La Dirección de Migraciones actuó y le impidió abordar el vuelo. Ahora su defensa responde con un hábeas corpus: el arma legal favorita de quienes, con recursos y contactos, saben moverse en el pantanoso terreno de la justicia selectiva.

No se trata de un juicio apresurado contra el expresidente. Se trata de una constatación: cuando se trata de poderosos, la justicia parece siempre llegar un paso tarde o ceder ante formalismos que, aunque legales, terminan desdibujando el fondo de los casos.

El Poder Judicial deberá resolver si Migraciones actuó legalmente. Pero la verdadera pregunta es otra: ¿por qué Kuczynski creyó que podía viajar mientras estaba siendo investigado? ¿Por qué el sistema no fue más claro y eficiente en establecer su situación legal?

Este nuevo episodio alimenta una sensación de impunidad sistemática. Y confirma que, en el Perú, el verdadero problema no es que los presidentes enfrenten investigaciones, sino que el castigo nunca parece llegar… salvo para los que no tienen poder.