Mientras cientos de personas sobreviven —y mueren— en las calles bajo el abandono del Estado, la Beneficencia Pública del Cusco, llamada a ser un pilar en la atención a los más vulnerables, se refugia en justificaciones técnicas para eludir su responsabilidad. Lo más alarmante: mientras la atención social se paraliza, las dietas y sueldos de sus funcionarios continúan en aumento.
El gerente general de la institución, Fernando Romero, afirmó recientemente que el recojo de personas en situación de calle «es competencia de las municipalidades». “Solo brindamos asistencia”, declaró, desmarcándose de una responsabilidad humanitaria urgente. La frase, que refleja una actitud tecnocrática y distante, ha causado indignación entre organizaciones sociales y ciudadanos que viven de cerca el drama del abandono.
Por su parte, el presidente del Directorio, David Mormontoy, evitó presentar planes concretos o compromisos de acción. En su lugar, mostró un video en el que un anciano rechaza ayuda institucional, usándolo como justificación para la inacción generalizada. Esta estrategia, basada en un caso aislado, ha sido criticada por especialistas como un acto de irresponsabilidad y deshumanización. “¿Desde cuándo el rechazo de uno justifica el olvido de todos?”, cuestionan desde sectores sociales.
Mientras crece la pobreza, también crecen los beneficios internos
Los números no mienten. En un contexto donde la pobreza extrema afecta al 2.5% de la población cusqueña y el 21.5% vive en situación de pobreza, la Beneficencia ha optado por priorizar su estructura administrativa. En marzo de 2024, la institución publicó convocatorias laborales con sueldos de hasta S/ 3,800, mientras que personas en situación de calle siguen esperando atención básica, abrigo o comida.
En paralelo, el presupuesto público del Cusco se redujo en 2024 en un 1.38%, pasando de S/ 12,674 millones a S/ 12,499 millones. Sin embargo, el gasto en planillas aumentó un 12%, alcanzando los S/ 3,677 millones (29% del total). Este desbalance cobra un sentido dramático si se considera que el 90% de los establecimientos de salud de primer nivel operan con infraestructura deficiente y que el 20% de las escuelas está al borde del colapso.
Excusas en lugar de acción
Lo que más indigna a la ciudadanía no es solo la falta de respuesta, sino la aparente indiferencia. No se trata de una carencia de recursos, ni de un desconocimiento de las necesidades: se trata de una falta de voluntad política y sensibilidad humana.
La Beneficencia tiene facultades y presupuesto para intervenir en casos de emergencia social. No obstante, sus autoridades se limitan a conferencias de prensa, tecnicismos legales y desvío de responsabilidades. Mientras tanto, en las calles, la pobreza se agrava y la indiferencia institucional se convierte en cómplice del sufrimiento.
