La Comisión de Ética Parlamentaria enfrenta severas críticas por la lentitud en la resolución de casos. Informes que recomiendan suspensiones contra legisladores tardan hasta 8 meses en llegar al Pleno, lo que retrasa la aplicación de sanciones.

El Congreso, durante los últimos años, ha demorado entre 65 y 269 días en debatir los informes finales de Ética donde se recomienda la suspensión de los legisladores, bajo diferentes causales. Destacan los casos de Raúl Doroteo, Darwin Espinoza y María Agüero, que llevan más de 200 días esperando votación en el Pleno, pese a que se recomienda su suspensión por 120 días sin goce de haber.

Desde el inicio de la actual legislatura, solo 5 parlamentarios han sido sancionados, lo que sugiere que solo se sanciona a un parlamentario por año de gestión.

Un caso reciente de la congresista Kira Alcarraz (Podemos), quien acumula una docena de procesos por la contratación de la pareja de su hijo como asesor en su despacho, además de amenazar a una periodista de Willax Televisión. Su caso no ha sido abordado a profundidad hasta la fecha.

Algunos expedientes, como el de Juan Carlos Lizarzaburu, tardaron casi 9 meses en llegar al Pleno, mientras que otros, como el de Enrique Wong, se resolvieron cuando el legislador ya había fallecido. En contraste, solo dos casos fueron tratados con rapidez: el de Rosío Torres, sancionada por recortes de sueldo, y el de Freddy Díaz, acusado de violación sexual, cuyo proceso no llegó a votarse por su expulsión previa del Congreso.

Fuente: Diario Correo