A cinco meses de la promulgación de la Ley 32581, los maestros cesantes y jubilados todavía no reciben la pensión equivalente a la primera escala magisterial. La norma establece que sus ingresos deben alcanzar los S/3.500,70, monto correspondiente actualmente a la Remuneración Íntegra Mensual de dicha escala, pero su aplicación continúa pendiente.

El principal obstáculo es la falta de reglamentación. La ley, publicada el 15 de abril, otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de 90 días para aprobar las disposiciones necesarias para su implementación. Mientras tanto, el SUTEP sostiene que muchos docentes jubilados reciben pensiones de entre S/400 y S/1.200, mientras que algunos afiliados a las AFP perciben incluso montos menores.

La aplicación de la norma también enfrenta cuestionamientos del Ministerio de Economía y Finanzas, que advierte sobre su impacto en las cuentas públicas y considera que podría vulnerar la Constitución por iniciativa de gasto. Además, el Colegio de Economistas de Lima presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Mientras se resuelve esta controversia, el Ministerio de Educación ha señalado que la ley debe cumplirse, aunque reconoce que el pago inmediato del monto completo no sería financieramente viable.

Fuente: La República