Una investigación periodística identificó que más de 30 personas que realizaron aportes económicos a campañas electorales terminaron trabajando en despachos parlamentarios. El caso involucra a congresistas que incorporaron como asesores o trabajadores a personas vinculadas previamente con sus respectivas campañas políticas.

El reporte señala que esta práctica se habría repetido en diferentes bancadas y periodos parlamentarios, generando cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar al personal que trabaja en el Congreso. La principal interrogante está relacionada con la posible existencia de vínculos políticos o de confianza que hayan pesado más que criterios de experiencia y meritocracia.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la contratación de personal en el Parlamento y el uso de recursos públicos para financiar estos puestos. La situación plantea la necesidad de mayor transparencia sobre los procesos de selección y de establecer controles que permitan determinar si los trabajadores cumplen con los perfiles requeridos para las funciones que desempeñan dentro de los despachos parlamentarios.

Fuente: La República