Amnistía Internacional (AI) denunció que en El Salvador el sistema penal, a través de un régimen de excepción y reformas judiciales, se ha convertido en una herramienta para castigar a quienes defienden los derechos humanos y expresan críticas al Gobierno.

La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, afirmó que en el país “defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad”, advirtiendo que la justicia se aplica de manera parcial para criminalizar a líderes sociales y sofocar la disidencia.

Según la organización, se ha documentado el uso de figuras legales ambiguas, como “agrupaciones ilícitas” u “organizaciones terroristas”, para detener a sindicalistas, defensores ambientales y comunitarios. Organizaciones locales registran más de 70 casos de detenciones arbitrarias y procesos judiciales sin garantías mínimas.

Piquer recordó que en julio reconoció como “prisioneros de conciencia” a la abogada Ruth López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor José Ángel Pérez, encarcelados por su labor social. Asimismo, alertó sobre las condiciones carcelarias, marcadas por incomunicación, hacinamiento y falta de atención médica, que afectan también a críticos detenidos como Enrique Anaya y Fidel Zavala.

Fuente: Agencia EFE