Carlos Mamani, comunero de la comunidad campesina de Camilaca, denunció que el Estado peruano estaría vulnerando la autonomía y los derechos reconocidos a su comunidad mediante la entrega de licencias de uso de agua y concesiones mineras en su territorio. Señaló que la Constitución Política del Perú, en sus artículos 88 y 89, así como sentencias del Tribunal Constitucional, reconocen la autonomía administrativa, económica y social de las comunidades campesinas.

El dirigente cuestionó que en 2025 se les haya otorgado una licencia de uso de agua, pese a que —según su interpretación de la Ley de Recursos Hídricos— las comunidades indígenas son consideradas usuarias de “uso primario”, por lo que no requerirían licencias ni autorizaciones formales. Asimismo, sostuvo que su comunidad estaría exenta del pago de determinados tributos vinculados al uso del recurso hídrico, amparándose también en normas nacionales e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

Mamani afirmó que el Estado habría concesionado parte del territorio comunal a aproximadamente ocho empresas mineras, situación que calificó como una afectación directa a la integridad territorial de la comunidad. Indicó que el predio comunal comprende alrededor de 27.000 hectáreas, las cuales —según manifestó— fueron adquiridas por los propios comuneros hasta inclusive siendo pagadas por ellos y no entregadas por el Estado.

Finalmente, el comunero sostuvo que estas decisiones constituyen una vulneración de derechos constitucionales y consuetudinarios, y advirtió que continuarán denunciando lo que consideran una intervención indebida en tierras comunales. Reiteró que, a su juicio, las comunidades campesinas son imprescriptibles e intangibles conforme al marco constitucional vigente.