Diversos sectores económicos, cívicos y políticos de Bolivia exigieron sanciones para los dirigentes que promovieron los bloqueos de carreteras que paralizaron el país durante casi 50 días y ocasionaron pérdidas estimadas en 3.000 millones de dólares, equivalentes al 5 % del Producto Interno Bruto. Las protestas, que se extendieron entre el 6 de mayo y el 22 de junio, afectaron el abastecimiento de productos básicos, el transporte de mercancías y el acceso oportuno a servicios de salud.

El Comité Cívico de Santa Cruz anunció el inicio de acciones penales contra los principales líderes de las movilizaciones, entre ellos el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo; el dirigente campesino Vicente Salazar; y el expresidente Evo Morales, a quienes responsabilizan por los daños ocasionados durante las protestas. De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras, el Estado deberá destinar cerca de nueve millones de dólares para reparar la infraestructura vial afectada por los bloqueos y los destrozos registrados en distintas rutas nacionales.

La controversia también alcanzó al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien pidió sanciones ejemplares contra los responsables, aunque en el acuerdo firmado con la Central Obrera Boliviana se comprometió a no impulsar medidas que criminalicen la protesta social. El debate ha reactivado los proyectos de ley denominados “antibloqueos”, que permanecen pendientes en la Asamblea Legislativa y mantienen dividida a la opinión pública entre quienes consideran estas acciones un mecanismo legítimo de presión y quienes las califican como una vulneración de derechos fundamentales.

Fuente: Infobae