El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, inició una ofensiva diplomática para debilitar a la Corte Penal Internacional (CPI) y solicitar a sus países aliados que abandonen el organismo. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo que el tribunal representa una amenaza para la soberanía estadounidense al pretender ejercer jurisdicción sobre militares y funcionarios de ese país.

Como parte de esta estrategia, Washington buscará convencer a los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma de retirarse de la CPI, además de ampliar las sanciones contra funcionarios y organizaciones que colaboren con el tribunal. Asimismo, Estados Unidos anunció restricciones de viaje y otras medidas contra quienes participen en investigaciones relacionadas con ciudadanos estadounidenses o aliados, especialmente en casos vinculados a presuntos crímenes de guerra en Gaza y Afganistán.

La iniciativa ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y varios gobiernos, que consideran que esta ofensiva podría debilitar el sistema de justicia internacional. La CPI reiteró que actúa con independencia y dentro de las facultades que le otorga el Estatuto de Roma, mientras diversos países europeos han reafirmado su respaldo al organismo y a su labor en la investigación de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional.

Fuente: La República