El Perú atraviesa un año alarmante en materia de violencia de género. Hasta setiembre de 2025, el país registra 114 feminicidios, según el programa Warmi Ñam del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Lima concentra el 20.2% de los casos, seguida por Cusco y Junín, mientras que regiones como Arequipa, Puno y Áncash también presentan cifras preocupantes. Detrás de estos números se esconden historias de advertencias ignoradas y denuncias sin respuesta oportuna, situación que, según especialistas, convierte muchos casos en “feminicidios anunciados”.

El reciente asesinato de Flor de María Cerna Ramos, madre de un niño de 11 años, ocurrido en Carabayllo, volvió a poner en evidencia la falta de reacción efectiva del sistema de protección. Su familia había denunciado amenazas previas sin obtener atención policial, pese a los riesgos evidentes. Organizaciones feministas y expertas como Liz Meléndez, del Centro Flora Tristán, y la abogada Clea Guerra, de CLADEM Perú, advierten que el problema no radica en la ausencia de leyes, sino en su débil implementación y en la escasa capacitación de las autoridades encargadas de atenderlos.

Ambas coinciden en que la impunidad y la falta de seguimiento alimentan un círculo de violencia. “Cuando los agresores perciben que las denuncias no avanzan, se envía un mensaje de permisividad”, advierte Meléndez. A la fecha, más de la mitad de los feminicidios fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas, dato que revela la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y de actuar con verdadera diligencia estatal antes de que las denuncias se conviertan en tragedias.

Fuente: Diario Correo