El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ahora bajo la denominación legal de Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), confirmó este sábado que no encuentra el acta de donación que respalde la titularidad de los terrenos donde se ubica el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, en la provincia tacneña de Tarata. A pesar de una búsqueda exhaustiva en archivos físicos y digitales, la institución no halló documentación formal que acredite la transferencia de propiedad por parte de la Comunidad Campesina de Maure.
La ausencia de este documento invalida la declaración jurada presentada por el INPE para el proceso de saneamiento físico-legal ante los Registros Públicos, lo que podría constituir una inscripción irregular del bien inmueble. Autoridades de la comunidad de Maure han señalado que nunca existió un acuerdo de donación ni legalización alguna del terreno, a pesar de reuniones de coordinación previas. En respuesta, los dirigentes anunciaron que retiraron la fase de evaluación legal y han iniciado acciones judiciales tanto en la vía penal como civil, con el apoyo de la Fiscalía Provincial de Tarata.
Asimismo, representantes de la comunidad denunciaron daños ambientales supuestamente relacionados con el funcionamiento del penal, como la contaminación del río Maure por aguas servidas y residuos, afectando la fauna local y la vida de animales domésticos. El caso ha generado un llamado a las autoridades para atender tanto las irregularidades documentales como los presuntos impactos ecológicos en la zona.
Fuente: La Gran Sala de Noticias


