La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa una posible sanción contra cinco magistrados de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que, en diciembre de 2025, decidieron no aplicar la Ley 32107 en un proceso relacionado con las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori. La actuación del organismo surgió tras una denuncia presentada por un abogado particular y actualmente se encuentra en la etapa de evaluación de descargos.

Los jueces involucrados son Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez. La denuncia sostiene que los magistrados rechazaron la aplicación de la denominada «ley de impunidad», al considerar que los hechos investigados constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, no pueden prescribir conforme a la legislación ordinaria.

El consejero Víctor Chanduví Cornejo deberá emitir un informe para determinar si corresponde archivar el caso o iniciar una investigación disciplinaria. De abrirse esta nueva etapa, la JNJ evaluará la conducta funcional de los magistrados antes de decidir una eventual sanción.

Fuente: La República