El Congreso otorgó al gobierno de José Jerí facultades legislativas por un plazo de 60 días para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. En ese marco, el Ejecutivo estará habilitado para crear el delito de revelación de información reservada vinculada a investigaciones penales y actuaciones policiales, según lo establece la resolución publicada el 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

Al no existir aún una norma específica, persiste la incertidumbre sobre a quiénes alcanzaría esta restricción y cuáles serían las sanciones aplicables, incluyendo un eventual supuesto de inhabilitación en caso de condena. Esta situación generó una inmediata preocupación entre los gremios periodísticos.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió que la medida podría afectar directamente al periodismo de investigación, al criminalizar la difusión de información de interés público y poner en riesgo la reserva de las fuentes periodísticas.

En la misma línea, el Consejo de la Prensa Peruana señaló que la amplitud de la propuesta podría dar lugar a acciones penales incluso contra periodistas que informen sobre investigaciones de relevancia pública.

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aseguró que el objetivo de la iniciativa es sancionar penalmente a funcionarios, fiscales, jueces o policías que filtren información a personas investigadas, y no limitar el ejercicio de la labor periodística.

Fuente: La República