La fiscalía presentó sus alegatos finales contra Martín Vizcarra, señalando que entre 2013 y 2016 recibió S/ 2.3 millones en sobornos vinculados a obras públicas en Moquegua. Según el fiscal Germán Juárez, las pruebas como testimonios, documentos y pericias financieras demostrarían que el exmandatario habría sostenido su economía personal con dinero ilícito. Por esta razón, el Ministerio Público solicitó 15 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El caso se centra en presuntos pagos ilegales de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Las entregas, según la acusación, se realizaron en varias fechas y fueron corroboradas por colaboradores eficaces y documentos bancarios. La procuraduría indicó que la presunción de inocencia del expresidente quedó completamente destruida tras un año de juicio.

Vizcarra rechazó las acusaciones al salir de la audiencia y calificó los alegatos como débiles e inexactos. Afirmó contar con ingresos legítimos previos y anunció que él y su abogado rebatirán los cargos en la próxima sesión del 20 de noviembre, antes de la lectura de sentencia. La fiscalía sostiene que la pena, de ser condenatoria, debe ejecutarse de inmediato.

Fuente: El Comercio