El Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast justificó la reducción de condenas concedida a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Según una investigación periodística, el Ministerio de Justicia emitió 56 decretos entre marzo y septiembre de 2026: 27 beneficiaron a condenados por abuso sexual y 29 a personas sentenciadas por violación. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que las decisiones respondieron a su interpretación de la legislación vigente y de los criterios judiciales sobre la aplicación de una reforma aprobada en 2022.

La controversia se centra en que dicha reforma excluyó del beneficio de reducción de penas a condenados por determinados delitos sexuales contra menores. El Ejecutivo argumenta que esa restricción no debe aplicarse a hechos cometidos antes de su entrada en vigor. Sin embargo, representantes de la oposición y exautoridades cuestionaron que el Ministerio otorgara las rebajas mediante decretos administrativos, sin someter los casos a una revisión judicial previa. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, precisó que las resoluciones fueron emitidas por el ministro de Justicia y evitó afirmar que exista un criterio jurisprudencial uniforme para todos los casos.

Ante las críticas de distintos sectores políticos y el impacto público de la medida, el Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos y la promoción de iniciativas legislativas para impedir futuras rebajas a condenados por estos delitos. La controversia también alcanzó a beneficios concedidos a personas sentenciadas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. No obstante, la suspensión no anula las reducciones ya otorgadas, mientras continúa el debate jurídico y político sobre su legalidad y las garantías para las víctimas.

Fuente: La República