Las autoridades de Irán han intensificado la aplicación de la pena de muerte contra personas acusadas de espionaje y traición, en medio de la escalada del conflicto regional y el endurecimiento de las políticas de seguridad interna. El caso más reciente corresponde a Mojtaba Kian, ejecutado tras ser acusado de entregar información militar a Israel y Estados Unidos, en un proceso judicial que duró menos de dos meses. Según el régimen iraní, el hombre proporcionó coordenadas y datos estratégicos sobre instalaciones vinculadas a la industria de defensa del país.

La ONU y diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por el incremento de ejecuciones y detenciones masivas en Irán desde el inicio del conflicto en febrero de 2026. Naciones Unidas informó que más de 4 mil personas fueron detenidas y al menos 21 ejecutadas por motivos relacionados con seguridad nacional, espionaje o participación en protestas contra el régimen. Activistas denuncian que muchos de estos procesos se realizan mediante juicios rápidos, sin garantías legales ni acceso adecuado a defensa independiente.

El endurecimiento represivo también incluye confiscación de bienes, arrestos masivos y persecución de opositores, periodistas y ciudadanos vinculados a protestas antigubernamentales. Analistas consideran que Teherán busca reforzar el control interno ante el temor de infiltraciones extranjeras y nuevas manifestaciones sociales. Organismos internacionales han pedido detener las ejecuciones y garantizar procesos judiciales transparentes, mientras aumenta la presión internacional sobre el régimen iraní por presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Fuente: Perú21